EL
SIGLO XIX.
La
etapa de Isabel II.
El siglo XIX comienza con una guerra de liberación contra el dominio
francés. Una guerra de caracteres fácilmente épicos que sirve de excelente pórtico
a la centuria del romanticismo. De la llamada Guerra de la Independencia y de la
presencia francesa, sin embargo, apenas podemos rastrear algún dato sobre su
repercusión en este pueblo. La falta de material archivístico de estos años
reduce nuestro conocimiento de lo que aquí pasara a dos presencias: una columna
de tropas y una costumbre mantenida a fuer de ley. De un lado, según nos
informa Madoz[1],
en agosto de 1810 ocupó la villa la 5ª división del ejército del general
Blake, mandada por el brigadier Creagh. De otro, y siguiendo a Ortí Belmonte[2],
hay que considerar de inspiración francesa algunas ordenanzas de las incluidas
en la redacción de 1815, especialmente las que se refieren a la limpieza y
cuidados sanitarios de la población y en concreto aquella que establece como
"obligación de todos y cada uno de los moradores de este partido el varrer
las portadas de sus casas en la parte correspondiente para el aseo y limpieza de
las calles", mandato que el uso y el tiempo convirtieron en costumbre aún
vigente[3].
La etapa isabelina abarca los años 1833 a 1868, período decisivo en la
configuración de la España contemporánea. Administrativamente se inicia con
el Decreto de 30 de noviembre de 1833 que ordena la división territorial de la
nación en 49 provincias. La de Córdoba coincide prácticamente con el antiguo
Reino de Córdoba, con la adición de Hinojosa del Duque y Belalcázar, que
administrativamente pertenecían a Extremadura.
Desde el punto de vista político, y por lo que se refiere a la relación
de Añora con los acontecimientos nacionales, hay que señalar por un lado una
fiel lealtad por parte de la población a la corona y a las instituciones monárquicas
y, por otro, una persistente indefinición partidista. La villa se muestra públicamente
en numerosas ocasiones "amante de las instituciones que actualmente rigen y
de S.M. la reina Isabel II"[4],
y manifiesta festivamente su júbilo por los sucesivos acontecimientos de la
vida real. Entre vivas a Isabel II se celebró en 1837 la jura de la nueva
Constitución, con repique general de campanas, misa solemne en acción de
gracias y Tedeum[5].
La proclamación de la mayoría de edad de la reina, cuando contaba trece años,
y su jura para el cumplimiento de los cargos, fue celebrada en Añora el 3 de
diciembre de 1843. Los actos incluyeron, además de iluminaciones públicas,
repiques de campanas y salvas por la Milicia Nacional, "una capeada de
novillos, entregándose todos los havitantes de ella al mayor regocijo"[6].
También hubo celebraciones diversas con motivo de la proclamación de la
Constitución de 1845 y de la boda de Isabel II con su primo Francisco de Asís
en 1846.
Isabel II
El 2 de febrero, dentro de las continuas intrigas palaciegas que
dominaron este reinado, el cura Merino atentó contra la vida de la reina, que
con tal motivo recibió inequívocas pruebas de afecto popular. La población de
Añora le envió un escrito de condolencia del siguiente tenor:
"Señora.
Los moradores de Añora de Córdoba a V.M. elevan sus sentimientos
manifestando la pena y hondo pesar que han sufrido al saber que V.M. ha tenido
la desgracia de recibir el puñal, dirigido por un indigno español y execrable
asesino.
Si por de pronto sus corazones se afligieron por el temor de la pérdida
de su idolatrada y legitima Reyna, no desconfiaron que la divina providencia
velarie como siempre por salvar tan importante vida rogando al Todopoderoso
satisfaciese sus deseos, dilatando la existencia de V.M. y su tierno angelical
bastago. Al llegar tan felices momentos, trocaron su amargura en gozo, como
haberse salvado de un fatal naufragio, palpitan de alegria.
Empero aunque corto este vecindario, con orgullo, moran diferentes
soldados, que obedientes siempre a la voz de sus jefes, dieron en varias
ocasiones pruebas de valor y entusiasmo, sin arredrarles la pérdida de sus
hermanos y parientes cayendo a sus pies, ya en la linea de Hernani, Luchana,
Mendigorria y otros puntos; y aun en todo evento no vacilaran en repetir su
heroismo en fabor de V.M. sucesora de San Fernando"[7].
Por lo que se refiere al seguimiento de cualquier lucha, tanto militar
como política, Añora mostró una actitud mucho más tibia. Tras la muerte de
Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, comienza en España una guerra civil
entre los partidarios de don Carlos, hermano del rey, a quien hubiera
correspondido la corona de no haber sido derogada en 1830 la ley Sálica, y los
que se ponen del lado de la reina niña Isabel II. Las llamadas guerras
carlistas duraron casi siete años y, aunque Andalucía quedó casi al margen
del levantamiento, también en Córdoba existieron algunas partidas del bando
carlista. Las autoridades cordobesas organizaron fuerzas para la contienda y, así,
en el reparto que con fecha 31 de enero de 1835 se hace de las cantidades con
que cada pueblo de la provincia debía contribuir para el sostenimiento de las
compañías de escopeteros, corresponde a Añora la cantidad de 508 reales y 20
maravedíes.
Enfrentamientos entre carlistas e isabelinos se produjeron en Los
Pedroches, en la Garganta y Torremilano[8],
en 1835, sin que en ninguno de ellos participaran vecinos de Añora. Así lo
expresan las autoridades locales al gobernador civil de la provincia al afirmar
que "ninguna relacion habia tenido en la malograda accion de la Garganta ya
en favor como en contra el vecindario de Añora"[9].
Tampoco se inclinó Añora por ningún bando con motivo del
pronunciamiento contra el gobierno del regente progresista Espartero que se llevó
a cabo en 1843. En Córdoba se constituyó una Junta de Salvación presidida por
Carlos Ramírez de Arellano, que solicitó la adhesión al pronunciamiento de
los pueblos de la provincia. El Ayuntamiento de Pozoblanco lo secunda el 23 de
junio, "proclamándolo con el mayor regocijo y satisfación y repique
general de campanas" y nombrando una Junta presidida por Juan Tirado. Esta
Junta solicitó a su vez la adhesión a los pueblos de su partido judicial. Ese
mismo día se manifiesta Añora, donde, reunido el Ayuntamiento que presidía
Miguel Gil, acordó que se contestara con la ambigüedad propia del
desconocimiento y la desorientación:
"Este pueblo o sus havitantes son pacificos y obedientes a secundar
cuanto se encamine a la felicidad de la nacion y el pais sin mezclarse en ningun
partido de politica y que teniendo satisfacion de la municipalidad que le
representa, ésta contestará a todas las comunicaciones que se dirijan"[10].
El 27 de julio la Junta de Hinojosa comunica a los pueblos de la zona el
triunfo del moderado Narváez sobre Espartero. Pozoblanco ratifica en el
ejercicio de sus funciones a la Junta nombrada en junio y pide a los pueblos de
su partido que reiteren su pronunciamiento. Añora se manifiesta el 29 de julio
con los acostumbrados repiques de campana y vivas a la reina con la mayor
solemnidad y júbilo, a la vez que se convoca a los vecinos para "elegir
nuevo ayuntamiento, Junta u otra cualquier autoridad personal que merezca su
confianza". Estos, sin embargo, manifiestan que
"no
habiendo en este pueblo partido ni ningunas otras desavenencias que pudieran
alterar la marcha y administracion de este pueblo, ninguna alteracion querian se
hiziese y que mientras no viniese orden terminante de la Junta de Provincia señalando
el ayuntamiento que havia de ponerse en posesion o que fuese este relevado,
ninguna alteracion havia de hacerse por ser la corporacion como tenian
manifestado ser personas que inspiran confianza"[11].
Espartero y Narváez
Por lo que atañe a los aspectos puramente locales, Añora cuenta a
mediados del siglo XIX con una población que sobrepasa en poco los mil
habitantes (concretamente, 1.037 en 1850)[12],
población que, al parecer, no se vio afectada por las dos grandes epidemias de
cólera que jalonan esta centuria.
La epidemia de cólera de 1834 causó estragos en Pozoblanco e Hinojosa
del Duque, donde fallecieron por su causa 119 y 158 personas respectivamente. La
transmisión de la enfermedad se producía de manera rápida ayudada grandemente
por las deficientes
Un nuevo brote de esta enfermedad se produjo en 1855, el cual atacó de
nuevo de forma especial a Hinojosa del Duque, pero también a El Viso y Belalcázar,
entre otras localidades. En Añora el 30 de julio de 1855 se acordó la
constitución de las Juntas de Sanidad y Beneficencia para que "se diesen
disposiciones preventivas a evitar el roce y circulación de géneros y personas
con los pueblos y puntos infectados por la enfermedad del cólera morbo asiático",
para lo cual se establecieron turnos de guardia, se prohibió el comercio con
productos susceptibles de transmitir la enfermedad y se tomaron medidas de carácter
sanitario[13].
Con todo, no hay datos de que la epidemia causara en Añora alguna víctima.
Urbanísticamente, el pueblo se encontraba muy poco desarrollado. A
mediados de siglo constaba de 213 casas que se repartían en trece calles (Córdoba,
Galicia, Empedrada, Contento, Plaza, Cantarranas, Iglesia, Cerrillo, Rastro,
Concepción, Cruz de Arriba, Amargura y San Pedro)[14],
las cuales, según Madoz, son "cómodas, empedradas y limpias". En
varias ocasiones el Ayuntamiento proclama la necesidad de realizar diversas
obras públicas, entre las que se encuentran una nueva Casa Consistorial, un
local para la escuela de niñas, una cárcel pública, una fuente de agua
potable, un lavadero y un pilar para los ganados.
En lo económico, la ganadería, que había sido la ocupación preferente
del pueblo en otros siglos, "ha venido a un abatimiento que seria
escandaloso referir"[15],
motivado, entre otras razones, por el aumento de la cabaña ganadera de las
poblaciones vecinas, hecho que había reducido el cerco de pastos del pueblo.
Hay en 1831 en Añora 1.527 cabezas de ganado lanar, 18 de vacuno, 131 de cerda,
24 de asnal y 85 yuntas de labor[16].
La dedicación del vecindario se orienta ahora a la agricultura, a través de la
producción de trigo, cebada, avena y garbanzos. Esta producción resultaba, no
obstante, insuficiente la mayoría de las veces para atender el consumo de la
población, que se veía necesitada de proveerse de estos productos en
Pozoblanco. Y ello debido, aparte de la mala calidad de los suelos, a las pocas
tierras que estos vecinos poseían, especialmente cuando tras la desamortización
eclesiástica fueron privados de las tierras de comunidades, santuarios y cofradías
de Torremilano y Pedroche que tradicionalmente habían venido cultivando como
arrendatarios. Un uso abusivo de sus escasas posesiones motivó que éstas
llegaran a ser casi infructíferas o que criaran productos de poca calidad. Por
lo demás, existían todavía algunos telares para el hilado de bayetas y paños,
cuyo manejo estaba, sobre todo, en manos de las mujeres. La cosecha de uva era
ya insignificante y la de aceituna todavía inexistente.
Socialmente, hay que señalar un alto índice de pobreza. Según un
documento sobre el estado del pueblo en 1842, en el pueblo hay "ciento tres
pobres y viudas y solteros", 36 labradores ("ningún pudiente") y
157 jornaleros y sirvientes[17].
La
desamortización y sus efectos sociales.
La elaboración del Catastro de Ensenada había puesto de manifiesto la
existencia de una enorme cantidad de tierra poseída por manos muertas, que la
ideología ilustrada del siglo XVIII consideró un pesado lastre para el
desarrollo de la agricultura española. Esta situación impedía, por un lado,
el acceso a la explotación agrícola de quienes no eran propietarios de tierra,
y, por otro, significaba un quebranto a la Hacienda por tratarse de bienes no
contributivos. Tanto el problema social como el fiscal, así como el no menos
grave de la deuda pública, se intentaron resolver mediante un complejo proceso
legislativo que supuso la puesta en venta de los bienes amortizados eclesiásticos
y municipales y que tuvo unas consecuencias de orden
social y económico distintas a las previstas inicialmente.
La superficie poseída por el clero a mediados del siglo XVIII en la
comarca de Los Pedroches ha sido calculada en torno a las 30.000 hectáreas[18],
terreno que había sido adquirido básicamente a través de la aceptación de
las donaciones de los fieles a lo largo de los siglos. El proceso desamortizador
que se llevó a cabo entre 1836 y 1851 supuso la enajenación de más de 5.600
hectáreas de tierra de esta procedencia.
En Añora fueron desamortizadas un total de 40'1 hectáreas, repartidas
en 19 fincas menores todas ellas de seis. El proceso de ventas finalizó, no
obstante, con un saldo material positivo para este pueblo, pues fueron
adquiridas por vecinos de Añora 128'6 hectáreas de tierras, dato que, sin
embargo, pierde su aparente valor si tenemos en cuenta que tal superficie fue
adquirida tan sólo por tres propietarios, uno de los cuales se hizo con una
finca de 117 hectáreas.
Las consecuencias de la desamortización eclesiástica fueron, a la
postre, negativas para Añora. Por un lado, la alteración producida en los regímenes
de tenencia, al cambiar de manos unas tierras que estaban arrendadas casi en su
totalidad, privó a muchos arrendatarios de un aprovechamiento agrícola que
constituía buena parte de su sustento. Por otro, la desamortización tampoco
ayudó a aumentar el número de pequeños propietarios, pues tan sólo tres
vecinos de Añora adquirieron bienes. La nueva situación aparece bien reflejada
en el escrito enviado en 1848 por el Ayuntamiento de Añora al Intendente de
Rentas Nacionales de la provincia solicitando la revisión a la baja de su
contribución territorial:
"Estos
moradores se ven en la mayor estrechez porque el mayor número de tierras que
cultivaban eran de Comunidades, Santuarios y Cofradías estinguidas de Pedroche
y Dos Torres, adquiridas por particulares que las cultivan, y no encontrando mas
que las pocas suyas, no las han dado el descanso que se requiere hasta que las
han dejado cansadas o casi infructiferas, como la escasez experimentada en los
tres últimos años ha demostrado"[19].
En 1855 se proclama la llamada Ley de Madoz, que declaraba en venta todos
los bienes de propios y comunes de los pueblos. Esta ley, como puede fácilmente
suponerse, tuvo una enorme trascendencia para la comarca de Los Pedroches y, en
particular, para las Siete Villas, que desde la Edad Media habían basado su
personalidad en el mantenimiento de una amplísima extensión de tierras
comunales.
Pascual Madoz
Desde el principio la citada ley había desagradado a los ayuntamientos y
vecinos de las Siete Villas, conscientes de los perjudiciales efectos que su
aplicación habría de tener sobre la economía de la comarca. Ya en 1851, con
motivo de un Interrogatorio dirigido a los ayuntamientos por una comisión
parlamentaria para recabar información sobre los bienes de propios, el
Ayuntamiento de Añora, en respuesta al artículo 14 que preguntaba sobre la
conveniencia o no de "enajenar los bienes de propios, caudal común de
vecinos y baldíos apropiados y arbitrados, manifestó su más enérgico rechazo
a tal posibilidad, considerando que la enajenación de la dehesa de la Vera no sólo
traería como consecuencia la desaparición de su arbolado ("tan
viejo") y la alteración del clima de la zona, sino que significaría el
fin de la agricultura y ganadería en el pueblo, declara que
"enagenada
esta unica finca de propios que ella les sostiene hasta de leña de arbustos
para sus hogares, causaria casi totalmente la desaparición de estos vecinos, viéndose
por necesidad en el caso de emigrar a otros paises, llevando tras sí la
desolación y miseria de otros donde fuesen a morar por falta de estos
recursos"[20].
Años más tarde, cuando el Proyecto de Ley de Desamortización Civil está
a punto de ser aprobado, el Ayuntamiento y los vecinos de Añora envían un
sentido escrito a las Cortes Constituyentes en el que comunican su alarma y
piden que la dehesa de la Vera sea excluida de la desamortización que se
avecinaba inevitablemente, "conociendo su ruina si se les privase por
derecho de conservación del goce que hacen en común de los bienes denominados
de propios, privándose de este único patrimonio, teniendo indispensablemente
que emigrar a otro país en busca de subsistencia". Tras recordar que,
aunque en la actualidad parte de las rentas que la dehesa produce se emplean en
el pago de impuestos y recaudaciones, "en su primitibo estado tubo caracter
especifico de bienes comunes", del cual aun conserva algunos usos
indispensables para el sostén de la población, vecinos y capitulares declaran
que
"En
cualquier otro destino que el gobierno dé a esta finca no sacará más utilidad
que la de presente, desaparecerá su arbolado indudablemente y sin duda la ruina
de estos habitantes. Señores, las cortas facultades de estos vecinos no les
permiten interesarse en las subastas ni arrendarla al comprador, i cierto y
positibo de que verificandose la desmembracion, todos se verán en la absoluta
necesidad de vender sus ganados, no poder de ninguna manera subsistir, emigrar
con resultados funestos. Por tanto:
De la sublime penetracion y patriotismo de la Asamblea Constituyente
esperan y suplican se sirvan escluir esta finca de la medida general de
desamortizacion para que continue siendo la nabe conductora de estos moradores,
la admiracion de los transeuntes, que como un nido se ve colocada en medio de
terrenos desprovistos de todos montes, vivificando sus circunferencias siendo
por lo tanto vigilada, i esmero cultibo por estos laboriosos habitantes, a la
par que evitará su destrucción y el abandonar su pueblo natal, donde beneran
los restos de sus padres, conservarán la tranquilidad y adhesion que siempre
han tenido en fabor de las sabias instituciones que felizmente nos rigen, en
cuya confianza se atreven estos ciudadanos a elebar las consecuencias
tristisimas que preben siendo tomadas en consideracion por la digna Asamblea
elegida para la felicidad de los pueblos"[21]
Estas y otras súplicas no tuvieron ningún resultado positivo. Los
bienes de Añora siguieron el proceso desamortizador de tantos otros. Apenas
poseemos datos de cómo se produjo su venta y quienes fueron los adjudicatarios
definitivos. Es sabido, no obstante, que en primera instancia una buena parte
(si no la totalidad) de la dehesa de la Vera fue adquirida en 1869 por Rafael
Alarcón y Manuel Orta (comprador éste de trece fincas)[22],
quienes, a falta de otra identificación, hay que considerar sin duda parte de
ese clan de "primistas" que, venidos de fuera, adquirieron muchas de
las fincas de Los Pedroches para después venderlas a compradores locales a
precios mucho más elevados.
Algo parecido ocurrió con la dehesa de la Jara, de la cual las Siete
Villas, al amparo del artículo 2º de la Ley de Desamortización de 1 de mayo
de 1855 que excluía de la desamortización a los bienes que en aquel momento
fueran de aprovechamiento común, pidieron al gobierno que declarara su carácter
de finca no enajenable. Las Villas recurrieron un acuerdo de la Diputación de
1862 por el cual se declaraba procedente la venta de las dehesas de la Jara, Ruíces
y Navas de Emperador, pero un decreto dictado por Isabel II el 6 de febrero de
1866[23]
confirmó la Real Orden de 14 de diciembre de 1862 que ordenaba la enajenación,
al considerar que en aquel momento las dehesas estaban siendo utilizadas como
bienes de propios, dedicándose sus rentas a cubrir las necesidades municipales,
y no en régimen común y gratuito para los vecinos.
La venta de las dehesas que los vecinos de las Siete Villas habían poseído
"desde tiempo inmemorial" tuvo diversas consecuencias de orden económico
y social, pero, en términos generales, puede decirse que sirvió para
enriquecer considerablemente a un reducido número de propietarios y para
incrementar significativamente el proletariado comarcal, que tuvo que recurrir
ahora a emplearse como asalariado.
El sentimiento de los vecinos de las Siete Villas tras la venta a su
pesar de las dehesas que habían sido sus sustento durante siglos aparece bien
reflejado en un informe del Ayuntamiento de Pozoblanco redactado en 1864:
"Verificada
la enajenación de estos bienes la inmensa mayoría de estos naturales ha
descendido de la clase de propietarios a la de proletarios; y perdidas por
completo las preciosísimas ventajas que les proporcionaban los bienes que en
común poseían, han quedado reducidos al mezquino producto del trabajo de sus
brazos, pesando además sobre ellos las cargas de que antes estaban exentos.
Los compradores de la Jara se ven obligados a emprender grandes desmontes
para acallar y ocupar la infinidad de braceros que han de ganar el pan, regando
con su sudor y sus lágrimas una tierra que no pueden mirar sin que se conmuevan
dolorosamente las fibras más sensibles de sus corazones. No es pues de admirar
que el pauperismo crezca en estos pueblos en una proporción lamentable; y si
nos es dado juzgar con algún rigor lógico tenemos derecho para creer que tras
el pauperismo vendrá la desmoralización y por último la emigración".[24]
Llegamos así a la revolución septembrina de 1868, iniciada en Cádiz
por el almirante Topete y que terminará obligando a Isabel II a salir del país
a finales del mes. El campo vive una situación de extrema precariedad, como
consecuencia de las malas cosechas, que originará carestías y alto nivel de
paro que se intentará paliar mediante la realización de obras públicas por
parte de los ayuntamientos.
A nivel político, en los pueblos la revolución de septiembre no produjo
más efecto que la sustitución en el poder de un partido por otro, y en Añora,
aunque no poseemos datos documentales sobre el particular y dada su tendencia a
la indiferencia partidista, es posible que ni siquiera eso.
Pero el malestar social es palpable y, como apunta Díaz del Moral[25],
comienza a surgir en los pueblos, "por generación espontánea, una
peculiar corriente de socialismo, considerado como "una vaga tendencia de
pobres contra ricos", de aquellos cuya situación había empeorado con la pérdida
de los aprovechamientos comunales contra quienes habían acumulado la tierra en
sus manos o la tenían de antiguo. En Pozoblanco, el 1 de noviembre de 1868 se
celebra una manifestación multitudinaria que pide al Ayuntamiento el reparto de
la dehesa de la Jara desamortizada. Es sólo el comienzo de una serie de
levantamientos de protesta que se producirán también en las demás villas
afectadas, con la intención de conseguir "una nueva desamortización en
que muchos propietarios individuales de la tierra sustituyan a los pocos que a
la sazón la posean". Un acta de 8 de diciembre del Ayuntamiento de
Pozoblanco da cuenta de que desde el 29 de noviembre "turbas
indisciplinadas convocadas por medio de pasquines, y a pretexto de pedir se le
repartiese las suertes los quintos de la dehesa de la Jara (...) cometieron
allanamiento de casas en busca de los compradores; y en los días siguientes
invadieron las propiedades expresadas vecinos de esta población, de la de
Pedroche, Torrecampo y Villanueva de Córdoba, robando el fruto pendiente de
bellota y que tenían recogidas sus dueños en sus casas rurales"[26].
El Ayuntamiento opta por la represión mediante la organización de una guardia
local armada y el auxilio de la Guardia Civil, pero el descontento popular,
aunque acallado violentamente, no desaparece.
Nuevas manifestaciones de este socialismo que Díaz del Moral llama
"indígena" tienen lugar en abril de 1873[27].
El 11 de febrero había abdicado Amadeo I, elegido hacía poco más de dos años,
y la Asamblea Nacional había proclamado la República, que transcurrirá ante
la indiferencia de las capas más populares. El 13 de abril "una masa de
campesinos y de las villas comarcanas" se manifestaron de nuevo ante el
Ayuntamiento de Pozoblanco pidiendo una vez más que se repartiera la dehesa de
la Jara y las fincas de los ricos. Aunque la manifestación se disolvió sin más
consecuencias, es interesante, en opinión de Díaz del Moral, los razonamientos
en los que fundamentaban su petición: ellos, que trabajaban la tierra, se
consideraban con más derecho a su disfrute que quienes la poseían y les
pagaban un mísero salario[28].
Como reacción a este incipiente movimiento revolucionario y
"socialista", y al amparo de la circular de 22 de enero de 1877
dictada por Zeferino González, obispo de Córdoba, nace en mayo de 1877 el Círculo
Católico de Obreros de Añora, cuya finalidad, común a todos los que surgieron
en la provincia por aquellos años, es "arraigar y propagar las creencias
de la Iglesia Católica apostólica y romana, las buenas costumbres y los
conocimientos religiosos, morales, científicos, literarios y artísticos; crear
Cajas de Ahorro para socorro de obreros y proporcionar sano recreo"[29].
Estaba presidido por Antonio López Caballero, tejedor de profesión, y en su
sede contaba al parecer con una buena biblioteca.
[1]
P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1847, tomo II, pag. 356.
[2]
M.A. ORTI BELMONTE, Córdoba durante la Guerra de la Independencia
(1808-1813), Córdoba, 1930, pag. 219.
[3]
"Ordenanzas municipales para el mejor régimen y gobierno de las
Siete Villas", AHMA, reg. 458, leg. 4, expte. 24, ordenanza 28.
[4]
Acta de la reunión celebrada con el gobernador civil en Torremilano
el 21 de julio de 1835. AHMA, reg. 429, leg. 37, expte. 10.
[5]
AHMA, reg. 59, leg. 8, expte. 1. Libro de actas de 1836-1846. Sesión
de 16 de julio de 1837. Sobre este acto y los que siguen véase mi artículo
"Isabel II y Añora", en Periódico Informativo Municipal Añora,
nº 5 (1989), pags. 32-34.
[7]
AHMA, reg. 61, leg. 8, expte. 3. Libro de actas de 1851-1853. El
escrito lleva fecha de 10 de febrero de 1852.
[8]
Juan OCAÑA TORREJON, "Isabelinos y carlistas en Los
Pedroches", BRAC, nº 47, (1937), pags. 51-73.
[12]
Las fuentes proporcionan datos diferentes en lo que se refiere a
población. Para 1842 Casas-Deza fija el número de vecinos de Añora en 310
y el de habitantes en 1.500. Madoz, por su parte, cuenta, para la misma
fecha, 1.260 habitantes. Las actas de sesiones del Ayuntamiento, por contra,
no dan para la década 1841-1850 una cifra más alta que los 1.049
habitantes de 1841, que bajarán hasta 1.034 en 1846, resultando 1.038 para
el citado 1842. La diferencia es significativa a la hora de calcular el módulo
multiplicador para la conversión de vecinos en habitantes. Según los datos
de Casas-Deza, este módulo habría que fijarlo en 4'8, mientras que según
las Actas éste quedaría establecido en 3'3 (en 1841 se señalan 314
vecinos), que coincide justamente con el obtenido según los datos del
Catastro de Ensenada para el siglo XVIII.
[13]
AHMA, reg. 62. leg. 8, expte. 4. Libro de actas de 1854-1860. Sesión
de 30 de julio de 1855. Sobre las epidemias de cólera en Los Pedroches véase
mi artículo "Epidemias en Los Pedroches", pags. 19-21.
[14]
"Relación y estado de calles y edificios" (1860), AHMA,
reg. 387, leg. 34, expte. 16. En 1891 aparecen ya citadas las calles Río
Jordán (que sustituye a Cerrillo), Virgen (que sustituye a Cruz de Arriba)
y Olivos (Manuel CABRONERO ROMERO, Guía de Córdoba y su provincia para
1891 y 1892, Córdoba, 1891, pags. 351-352).
[15]
Escrito dirigido por el Ayuntamiento de Añora al Intendente de
Rentas Nacionales de la provincia solicitando una rebaja en la contribución
de bienes inmuebles, cultivo y ganadería. AHMA, reg. 60, leg. 8, expte. 2.
Libro de actas de 1846-1850. El escrito lleva fecha de 26 de enero de 1848.
[16]
Interrogatorio de propios y arbitrios (1831). AHMA, reg. 428, leg.
37, expte. 9. Respuesta a la pregunta primera.
[22]
Patricio BERMÚDEZ GUTIERREZ: Notas sobre la evolución de la
propiedad rústica privada en Villanueva de Córdoba en el último tercio
del siglo XVIII y en el siglo XIX, Madrid, 1972, pag. 116.
[23]
A. MUÑOZ CALERO, Las Siete Villas de Los Pedroches y sus bienes
comunales, Córdoba, 1981, pags. 76-86.
[24]
Gabriel GARCÍA DE CONSUEGRA, "Primeros brotes socialistas en
Pozoblanco. 1868-1873". Separata al B.I.M. Pozoblanco,
septiembre de 1991, pags. 14-31, pag. 20.
[25]
Juan DIAZ DEL MORAL: Historia de las agitaciones campesinas
andaluzas, Madrid, 1984, pags. 77-78.
[28]
García de Consuegra quiere ver en estos levantamientos campesinos
"un claro acento socialista", suponiendo una cierta organización
(¿guiada, quizás, por elementos carlistas?) y un conocimiento de las ideas
socialistas y anarquistas del siglo XIX por parte de los vecinos de estas
villas, a pesar de que Díaz del Moral considera que "el socialismo no
hizo su aparición entre los obreros agrícolas de la sierra hasta el
1917" (Ob. cit., pag. 232).